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Internacionales

Indígenas de Ecuador piden ejecutar fallos que frenan explotación de recursos

RODRIGO BUENDIA / AFP

AFP

Unos 70 indígenas amazónicos protestaron este martes frente a la Corte Constitucional de Ecuador por el incumplimiento de dos sentencias a favor de la comunidades cofanes y waoranis para frenar la extracción de minerales y petróleo en sus tierras.

Al grito de «fuerza, fuerza», hombres y mujeres con sus rostros pintados y lanza en mano presentaron un recurso ante el tribunal con el fin de que ordene a las carteras de Energía y Ambiente el cumplimiento de fallos emitidos en 2018 y 2019.

«La corte tiene la obligación de determinar de forma urgente las medidas necesarias para que esas acciones se cumplan y además determinar el posible inicio de procesos disciplinarios y sancionadores contra autoridades de gobierno que han incumplido expresa y voluntariamente estas obligaciones», dijo a la prensa Jorge Acero, abogado de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos y de la oenegé Amazon Frontlines.

En 2018, la corte provincial de Sucumbíos (noreste y fronteriza con Colombia) ordenó revertir concesiones mineras en el territorio de Sinangoe, donde habitan 55 familias, al considerar que estas fueron entregadas sin que se haya consultado previamente a los indígenas que habitan la zona, como manda la Constitución.

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Un caso similar es el de los waoranis, que en 2019 consiguieron un histórico fallo que impide el ingreso de empresas petroleras a 180.000 hectáreas de territorio indígena en la provincia de Pastaza (sur y fronteriza con Perú).

«Es una pena decirlo, llevamos varios años y no ha habido ningún cumplimiento en territorio, la reversión de las 52 concesiones no la han hecho y la sentencia es super clara, la sentencia elimina las concesiones pero el gobierno solo las tiene suspendidas», señaló a periodistas Wider Guaramag, presidente de los A’i Cofán.

Agregó que tampoco se se han reparado los daños en las zonas afectadas por la minería a orillas del río Aguarico, que abastece de agua a la ciudad de Nueva Loja en Sucumbíos.

Por su parte, la abogada de los waorani, María Espinosa, señaló que un reciente fallo judicial ordena realizar una nueva consulta, tras la realizada en 2012 para permitir el ingreso de empresas petroleras.

Pero Espinosa indicó que «no hay norma para hacer la consulta, que el Estado no sabe cómo hacerlo y que hacerlo significa volver a violar derechos».

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El Ejecutivo sostiene que obtuvo el permiso de los waorani en una consulta libre e informada en 2012, aunque los indígenas afirman que el aval se obtuvo con engaños, comida y refrescos.

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MARN1

Centroamérica

Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.

La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.

Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.

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Deportes

Trump impone mano dura migratoria para el Mundial de Clubes

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio. Las autoridades han lanzado un mensaje claro: los turistas son bienvenidos para disfrutar del evento, pero deberán abandonar el país al finalizar su estancia autorizada.

Desde la implementación de listas negras con miles de personas vetadas hasta la advertencia directa de deportación para quienes se queden más tiempo del permitido, el Gobierno estadounidense ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar abusos migratorios durante el torneo.

“Queremos que vengan, que celebren, que vean el partido, pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, afirmó el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, el titular de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El endurecimiento de las restricciones ha generado inquietud entre los millones de fanáticos del fútbol que llegarán al país, muchos de ellos provenientes de América Latina. En este contexto, Argentina ha brindado su apoyo al compartir con Estados Unidos una lista con más de 15.000 personas vetadas de asistir a eventos deportivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, explicó el mes pasado que esta medida busca evitar que individuos con antecedentes en violencia deportiva puedan ingresar a EE.UU. durante el torneo.

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Internacionales

Gustavo Petro denuncia complot de extrema derecha en Colombia y EE.UU. para derrocarlo

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el miércoles que «personas de extrema derecha» en Colombia y Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra, en medio de un contexto de violencia interna y tensiones diplomáticas.

La denuncia fue realizada durante un acto público en Cali, donde Petro retomó acusaciones similares hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien señaló al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como supuesto instigador del complot. Petro mencionó que existe comunicación entre sectores extremistas colombianos y estadounidenses, y afirmó tener pruebas del plan, aunque no las presentó públicamente.

Estas declaraciones ocurren en un momento delicado, con recientes ataques violentos en Colombia y cuestionamientos sobre la renovación de la certificación de Colombia como aliado contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Además, la relación bilateral se ha visto afectada por los acercamientos de Colombia hacia China y políticas internas del gobierno de Petro.

Varios actores políticos colombianos han pedido al mandatario moderar su discurso para evitar incrementar la polarización.

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