Internacionales
Presidente de Perú enfrenta a la justicia
AFP
El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció este lunes ante la Fiscalía, que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio.
Al salir de la Fiscalía luego de una audiencia de dos horas y media, detractores del mandatario izquierdista lanzaron huevos contra el vehículo oficial que lo trasladaba.
Vestido con una llamativa casaca roja, el presidente de 52 años se presentó ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa relacionada con la destitución el 20 de julio del ministro del Interior Mariano González.
La Fiscalía sospecha que con la abrupta salida González, quien estuvo apenas dos semanas en al frente de la cartera de Interior, Castillo buscó impedir la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros de su entorno prófugos de la justicia.
Castillo, quien no puede ser juzgado pues goza de inmunidad, también fue convocado para responder sobre un presunto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una investigación por supuestamente liderar una red de corrupción.
El abogado presidencial, Benji Espinoza, precisó que Castillo no respondió a las preguntas de los fiscales cogiéndose a su derecho a guardar silencio y que se limitó a hacer una declaración negando las imputaciones que le formula la Fiscal de la Nación.
«El presidente ha respondido (a la Fiscal de la Nación) que cuando se tengan todos los elementos (de las seis causas en su contra) va a dar las explicaciones que quieran», dijo a la prensa el abogado.
Según el defensor, «el presidente ha proclamado su inocencia y luego, cuando vinieron las preguntas, negó los cargos».
Castillo explicó luego a un grupo de simpatizantes que lo esperaba en la sede del Ejecutivo que «hemos ido a decirle a la Fiscal de la Nación que no solo las rechazo, niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando».
La Fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
En tanto, su esposa Lilia Paredes había sido citada por el mismo caso en una sede judicial pero a último momento se suspendió la audiencia, dijo su abogado.
A la primera dama se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país por 36 meses.
«Cuentos e historietas»
«Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (Fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos», dijo recientemente Castillo, en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.
Castillo ha declarado dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Yenifer Paredes, de 26 años, cuñada de Castillo, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, bajo cargo de integrar la «organización criminal liderada por el señor presidente de la República», según el fiscal Jorge García Juárez.
En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la Fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, debido a sus fueros.
Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos exmandatarios tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Internacionales
Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.
A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.
Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.
El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.
Internacionales
EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro
Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.
Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.
La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.
El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.
El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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