Internacionales
Buenaventura, el puerto colombiano donde las mafias desafían a la fuerza pública
AFP | por Juan RESTREPO
La Armada colombiana realizó este fin de semana una «demostración de fuerza» en varios barrios de Buenaventura, principal puerto del Pacífico asolado por dos bandas rivales con armamento pesado que libran una guerra sin cuartel a costa de una población atemorizada.
Los «Shottas» y los «Espartanos» llevan meses luchando por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales, entre ellas extorsión y secuestro.
El martes el presidente de izquierda Gustavo Petro visitará el puerto principal sobre el Pacífico, por donde pasa el 40 % del comercio internacional de Colombia y la mayor parte de la cocaína con destino a Estados Unidos.
Con la actividad mercantil y criminal avanza la violencia. La tasa de homicidios es una de las más altas de Colombia (576 entre 2017 y 2021, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares, sin contar los secuestros y otras desapariciones forzadas).
«Los dos grupos se han hecho con el comercio legal, sobre todo de alimentos: huevos, queso, fruta… Nada se les escapa. Hasta el punto de que son capaces de fijar el precio de ciertos alimentos básicos», dijo a la AFP Juan Manuel Torres, investigador de Pares.
«Lo que estamos presenciando en estos momentos es una nueva guerra urbana, en la que lo que está en juego es el control territorial de los barrios», explica Torres, quien advierte que «la situación se ha descontrolado».
Casas de pique
El incidente más reciente fue cuando miembros de las dos bandas se enfrentaron durante varias horas con armas automáticas el 30 de agosto, una «noche de terror».
Ahogada en el corazón del manglar, Buenaventura (entre 350.000 y 500.000 habitantes, el 90% afrocolombianos) se extiende hasta su estratégico puerto, a lo largo de una avenida superpoblada, con barrios populares a ambos costados donde reina las mafias.
«Shottas» y «Espartanos» se reparten el control de estas modestas casas de ladrillo, edificios a medio terminar protegidos por barras de hierro, casuchas de madera sobre pilotes y refugios de hojalata rodeados de agua y basura.
Sucedieron a los paramilitares y a la guerrilla, que ya se financiaban con el narcotráfico y aterrorizaban a la población local con masacres y atentados hasta la década de 2000.
Nacidas en el seno del mismo grupo criminal («La Local»), las dos bandas han extendido considerablemente su dominio desde finales de 2020 a los numerosos rincones de los pantanos que bordean la ciudad, sometiendo a Buenaventura con una violencia hecha de tiroteos, secuestros, extorsiones.
También siniestras «casas de pique», como los llaman los habitantes, donde los cuerpos de los secuestrados acaban siendo descuartizados antes de ser arrojados, lejos de la vista, al agua.
Según datos oficiales, al menos 880 personas han desparecido en Buenaventura en las últimas dos décadas, la mayoría a la fuerza.
Fronteras invisibles
Mientras el presidente Petro es esperado en Buenaventura el martes para intentar implementar su gran proyecto de «paz total» para el país, la policía y la Armada colombiana patrullan los barrios día y noche.
Su presencia se concentra en las calles más afectadas por la violencia, a menudo las zonas de enfrentamiento entre los dos grupos, conocidas aquí como «fronteras invisibles». Los disparos son casi diarios y los asustados habitantes se atrincheran en sus casas al caer la noche.
Durante el recorrido, los miembros de la fuerza pública avanzan con cautela. «Los bandidos pueden disparar contra nosotros en cualquier momento», advierte el teniente coronel Samuel Aguilar, comandante del Batallón de Infantería de Marina 24.
«Las dos bandas están en guerra entre sí aquí y no les gusta que interfiramos con ellas. Junto con la policía, intervenimos para que no se posicionen en los barrios y pongan en peligro a la población civil», añade el oficial, obligado a reconocer la dificultad de su misión.
«Ha habido muchos cambios en Buenaventura en el último año, y lamentablemente no a favor de la comunidad», concluye el uniformado.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Internacionales
Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.
A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.
Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.
El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.
Internacionales
EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro
Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.
Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.
La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.
El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.
El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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