Internacionales
A una semana del plebiscito en Chile, encuestas apuntan a rechazo de nueva Constitución
AFP
A una semana del plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile, las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales.
Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción «rechazo» al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del «apruebo» de entre 4 y 12 puntos, en un plebiscito que tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país.
Pero las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos (del 10 al 15%), y en las calles hay una marcada movilización ciudadana en favor del «apruebo» al texto escrito por una Convención Constituyente elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas.
«Yo voto rechazo principalmente porque la idea de gestar (la nueva nueva Constitución) nació en un momento de mucha crisis en nuestro país; no fue una decisión tomada con objetividad», dice a la AFP Luz Galarce, educadora de párvulos.
«Creo que con la forma en que la gente se manifestó mostramos el lado mas oscuro de los chilenos: destruir por destruir», agrega esta mujer de 53 años residente en el centro de Santiago, epicentro de las protestas de 2019 que llevaron al acuerdo político que abrió la vía a un posible cambio constitucional.
Pero Esteban Córdoba, un artista visual de 40 años, está a favor del nuevo texto, que a su juicio «abre una ventana, todavía no una puerta, para que nos convirtamos en una nación desarrollada».
«Toda Constitución debe renovarse cuando hay una necesidad de transformación en un país», afirma.
– Voto obligatorio –
«El evento más probable es que gane el rechazo y la diferencia de ese resultado depende de cuánta gente vota y de quiénes votan», explica a la AFP Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con pena de multa de no concurrir.
Según el académico, el avance del «rechazo» al nuevo texto constitucional se debe fundamentalmente a «problemas en ciertos contenidos» sobre la organización del Estado, y no tanto por el catálogo de derechos que establece, «en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante».
La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido, que prioriza la inversión privada, por un Estado de bienestar, con una batería más amplia de derechos fundamentales.
Entre las propuestas más polémicas están la «plurinacionalidad», o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios; la instauración de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena; y el derecho al aborto.
– Campaña «novedosa» –
Analistas explican la ventaja del «rechazo» por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, y una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna.
«Han hecho una campaña novedosa en comparación con otras campañas de la derecha si consideramos que el rechazo es básicamente la defensa del statu quo y mantener la Constitución» de Pinochet, dice Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
A su juicio, el mensaje fue dirigido al votante de centro, buscando «sembrar incertidumbre y temor respecto a la propuesta constitucional», más que en explicar su contenido.
Para Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales, si la nueva Constitución se aprueba en Chle, «va a marcar las pautas del constitucionalismo a nivel global al menos en Occidente».
«Hay varios expertos y personalidades del mundo político que están mirando el proceso constituyente chileno no necesariamente con temor a lo que pueda pasar acá sino que también ver cómo se van a enfrentar temas fundamentales en la crisis climática y la crisis energética», señala.
El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia.
Centroamérica
Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado
Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.
El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.
La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.
Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.
Deportes
Trump impone mano dura migratoria para el Mundial de Clubes
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio. Las autoridades han lanzado un mensaje claro: los turistas son bienvenidos para disfrutar del evento, pero deberán abandonar el país al finalizar su estancia autorizada.
Desde la implementación de listas negras con miles de personas vetadas hasta la advertencia directa de deportación para quienes se queden más tiempo del permitido, el Gobierno estadounidense ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar abusos migratorios durante el torneo.
“Queremos que vengan, que celebren, que vean el partido, pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, afirmó el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, el titular de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El endurecimiento de las restricciones ha generado inquietud entre los millones de fanáticos del fútbol que llegarán al país, muchos de ellos provenientes de América Latina. En este contexto, Argentina ha brindado su apoyo al compartir con Estados Unidos una lista con más de 15.000 personas vetadas de asistir a eventos deportivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, explicó el mes pasado que esta medida busca evitar que individuos con antecedentes en violencia deportiva puedan ingresar a EE.UU. durante el torneo.
Internacionales
Gustavo Petro denuncia complot de extrema derecha en Colombia y EE.UU. para derrocarlo
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el miércoles que «personas de extrema derecha» en Colombia y Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra, en medio de un contexto de violencia interna y tensiones diplomáticas.
La denuncia fue realizada durante un acto público en Cali, donde Petro retomó acusaciones similares hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien señaló al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como supuesto instigador del complot. Petro mencionó que existe comunicación entre sectores extremistas colombianos y estadounidenses, y afirmó tener pruebas del plan, aunque no las presentó públicamente.
Estas declaraciones ocurren en un momento delicado, con recientes ataques violentos en Colombia y cuestionamientos sobre la renovación de la certificación de Colombia como aliado contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Además, la relación bilateral se ha visto afectada por los acercamientos de Colombia hacia China y políticas internas del gobierno de Petro.
Varios actores políticos colombianos han pedido al mandatario moderar su discurso para evitar incrementar la polarización.
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