Internacionales
Fiscalía se dispone a pedir pena de prisión contra vicepresidenta argentina Kirchner
AFP
La fiscalía argentina se dispone este lunes a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.
Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.
En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».
«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-07, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
– Derecho de palabra –
Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Los delitos por los que se acusa a Kirchner -liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado- implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilitación política.
Pero para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.
– «Persecución» –
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.
El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron «víctima de una persecución judicial». También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.
«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo», aseveró la semana pasada.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
Internacionales
Violencia en México repunta: sube la tasa de homicidios tras tres años de descensos
La tasa de homicidios en México cerró 2024 en 25,6 por cada 100.000 habitantes, rompiendo una racha de tres años consecutivos de descensos y marcando los últimos nueve meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El índice fue superior al de 24 por cada 100.000 reportado en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las cifras de 2022 (26), 2021 (28) y de los años 2018, 2019 y 2020, cuando alcanzó 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.
El Inegi reportó además un aumento anual del 6,7 % en el número absoluto de asesinatos, con 33.241 casos en 2024, frente a los 31.062 del año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo ligeramente inferior a los 33.287 homicidios de 2022 y está por debajo de los picos registrados en 2020 (36.773), 2019 (36.661) y 2018 (36.685).
En total, México acumuló 206.724 homicidios en los últimos seis años, la mayoría durante el sexenio de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando fue sucedida por Claudia Sheinbaum.
A diferencia de los datos del Gobierno, que se basan en carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi provienen de registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.
Internacionales
Trump concede a México 90 días más antes de la nueva subida arancelaria
México obtuvo un respiro luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aplazamiento de 90 días en la subida de aranceles, a pocas horas de que venciera el plazo para negociar acuerdos comerciales con Washington.
Mientras economías como Brasil e India no lograron pactar con la Casa Blanca para evitar los nuevos gravámenes, Trump optó por dar un margen a México tras lo que calificó como una “conversación telefónica muy exitosa” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.
“Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con miras a firmar un trato dentro de ese plazo, o incluso más”, escribió el mandatario en su red Truth Social.
Pese a la prórroga, México continuará pagando el 25 % de arancel que Trump impuso como medida de presión para combatir el tráfico de fentanilo, así como el 25 % a los automóviles y autopartes que no se produzcan en EE. UU., el 50 % al acero y aluminio y, a partir de este viernes, un 50 % al cobre.
Trump, de 79 años, advirtió que la nueva fecha límite, el 1.º de agosto, será “inaplazable”, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo “dentro o incluso después” de los 90 días, con la mira puesta en imponer un “nuevo orden comercial mundial”.
Centroamérica
Cancillería firma acuerdo con Labormex para ampliar empleos temporales en EE. UU.
La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó un acuerdo con la reclutadora estadounidense Labormex para ampliar las oportunidades laborales de los salvadoreños en el exterior a través del programa de Movilidad Laboral, que impulsa el Gobierno salvadoreño en colaboración con Estados Unidos.
Con esta alianza, la empresa seleccionará a personas con diferentes talentos y experiencias registradas en el programa, de acuerdo con la demanda de compañías estadounidenses que visiten el país en busca de trabajadores calificados.
El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Asocio Estratégico de Labormex, Brian Gannon, destacó que la iniciativa es “un avance enorme en la forma en que los gobiernos pueden apoyar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, resolver los desafíos laborales para los empleadores internacionales”.
Por su parte, la ministra Hill Tinoco afirmó que este esfuerzo refuerza el compromiso de El Salvador con una migración segura, ordenada y regular, en beneficio de la población.
Desde su creación en 2021, el programa de Movilidad Laboral ha permitido la contratación temporal en Estados Unidos de más de 17,500 salvadoreños en sectores como pesca, construcción, hostelería, servicios al cliente y agricultura.
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