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Internacionales

Fiscalía se dispone a pedir pena de prisión contra vicepresidenta argentina Kirchner

AFP

La fiscalía argentina se dispone este lunes a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.

Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.

El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.

En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».

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«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.

La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-07, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

– Derecho de palabra –

Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.

«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.

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Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces  Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.

Los delitos por los que se acusa a Kirchner -liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado- implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilitación política.

Pero para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.

Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.

– «Persecución» –

En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.

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El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron «víctima de una persecución judicial». También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.

Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.

«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo», aseveró la semana pasada.

La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.

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Internacionales

Muere jefe de inteligencia iraní en ataque israelí, según medios estatales

Mohammad Kazemi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución —el poderoso brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán—, murió este domingo durante un bombardeo israelí, según informó la agencia estatal IRNA.

Junto a Kazemi, también perdieron la vida otros dos altos oficiales: Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri. “Tres generales de inteligencia, Mohammad Kazemi, Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri fueron asesinados y cayeron como mártires”, indicó un comunicado de los Guardianes de la Revolución citado por IRNA.

La muerte de Kazemi representa un golpe significativo para la estructura de inteligencia iraní en medio de la creciente escalada militar con Israel, que ya entra en su tercer día consecutivo de enfrentamientos.

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Internacionales

Netanyahu amenaza a Irán tras ataque mortal: “Pagará un precio muy alto”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este domingo una dura advertencia a Irán, asegurando que su país responderá con contundencia por el ataque con misiles que dejó al menos 10 civiles muertos en territorio israelí.

«Irán pagará un precio muy alto por el asesinato premeditado de civiles, mujeres y niños», afirmó Netanyahu durante una visita a Bat Yam, al sur de Tel Aviv, una de las zonas afectadas por el bombardeo. El mensaje fue difundido en video por su oficina oficial.

En respuesta, el ejército israelí intensificó sus operaciones con nuevos bombardeos sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, además de atacar depósitos de combustible en varias ciudades del país persa. Estos ataques marcan el tercer día consecutivo de un conflicto sin precedentes entre ambos rivales históricos.

La ofensiva israelí se produce tras la ofensiva nocturna de Irán, que lanzó una lluvia de misiles sobre suelo israelí, provocando la muerte de al menos 10 personas, según reportes oficiales. La tensión en Oriente Medio escala rápidamente en medio de crecientes temores internacionales por una guerra regional abierta.

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Centroamérica

Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.

La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.

Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.

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