Internacionales
Fiscalía se dispone a pedir pena de prisión contra vicepresidenta argentina Kirchner
AFP
La fiscalía argentina se dispone este lunes a pedir una pena de prisión contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que según sus seguidores constituye una persecución para inhabilitarla políticamente.
Kirchner, que tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado, es juzgada desde 2019 junto con otras doce personas en una causa en la que se le acusa de haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
El fiscal Sergio Mola abrió el lunes la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.
En la sesión, que se desarrolla de manera remota, Mola consideró que los acusados «trazaron un plan» que buscaba defraudar al Estado mediante «la discrecionalidad en la utilización de los fondos».
«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-07, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
– Derecho de palabra –
Kirchner, una abogada de 69 años, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.
Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.
«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Los delitos por los que se acusa a Kirchner -liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado- implican una pena de hasta 16 años de cárcel y la inhabilitación política.
Pero para que la sentencia sea ejecutada ésta tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
Luego de cerrada la acusación de la fiscalía, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.
– «Persecución» –
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución.
El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron «víctima de una persecución judicial». También diputados del oficialista Frente de Todos, y otros referentes políticos y culturales lanzaron comunicados de respaldo.
Hebe de Bonafini, líder de la organización de defensa de los derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, llamó a movilizaciones.
«No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo», aseveró la semana pasada.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Internacionales
Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.
A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.
Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.
El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.
Internacionales
EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro
Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.
Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.
La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.
El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.
El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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