El contralor general de Panamá, Anel Flores, informó que más de 30,000 docentes del sistema público no recibirán su salario en la próxima quincena debido a su participación en un paro indefinido iniciado el pasado 23 de abril, en rechazo a la reforma a la seguridad social ya en vigor.

Actualmente, la planta docente pública del país suma unos 54,000 maestros, lo que significa que más de la mitad se encuentra en huelga, afectando el desarrollo del calendario escolar.

“El que no trabaja, no cobra”

Flores explicó en declaraciones al diario La Prensa que la medida no representa un descuento salarial, sino una ausencia de pago justificada bajo la Ley de Contraloría. “El que no trabaja, no cobra. La ley prohíbe el derroche de recursos públicos”, sostuvo el contralor.

Durante esta quincena, ya fueron excluidos del pago más de 17,000 maestros, y se prevé que la cifra supere los 30,000 en la siguiente.

Auditoría nacional a escuelas públicas

El contralor también indicó que su despacho realiza auditorías presenciales en más de 3,000 centros escolares del país, con el fin de verificar la asistencia real del personal docente. Aseguró que los reportes del Ministerio de Educación (Meduca) no son confiables, ya que algunos directores están encubriendo a maestros ausentes.

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Incluso reveló que hay casos de maestros que admitieron haber cobrado sin haber trabajado, lo que constituiría el delito de peculado. “Y eso tendrá consecuencias”, advirtió.

Reacciones y advertencias

Los gremios docentes, por su parte, defienden su derecho constitucional a la huelga y han presentado recursos legales contra la suspensión de sus pagos, alegando que se trata de una medida arbitraria.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación hace llamados constantes al retorno a clases, y su titular, Lucy Molinar, desmiente que existan planes de sanción o despidos, como se ha informado “de forma maliciosa”, según dijo.

Diversos sectores educativos y asociaciones de padres han alertado sobre el daño irreparable a los estudiantes del sistema público, quienes ya acumulan una importante pérdida de clases, acentuando la brecha con la educación privada, que ha continuado su ciclo académico sin interrupciones.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la nueva ley especial que otorga mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores del sector bananero, una normativa impulsada tras semanas de protestas en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

«Acabo de sancionar ley bananera. De una vez a gaceta», publicó el mandatario en su cuenta de X, confirmando que la legislación ya fue oficializada mediante su publicación en la Gaceta Oficial.

Régimen especial para trabajadores y productores

La ley establece un régimen especial para los jornaleros y productores independientes del sector bananero, y fue aprobada de forma expedita el pasado viernes por la Asamblea Nacional. Esto ocurrió luego de reuniones entre diputados y líderes sindicales del sector, quienes habían convocado a un paro laboral acompañado de bloqueos viales en la zona caribeña del país.

Fin parcial de bloqueos, pero continúan protestas

Tras el compromiso del Parlamento, los trabajadores bananeros levantaron los bloqueos ese mismo día. No obstante, otros sectores —principalmente docentes y grupos de la sociedad civil— han mantenido puntos de obstrucción activaen las carreteras que conectan Bocas del Toro con el resto del país.

Estos grupos protestan contra una reforma al sistema de Seguridad Social, la cual, según denuncian los bananeros, ponía en riesgo los beneficios otorgados por una ley vigente desde 2017 y motivó su adhesión a las manifestaciones desde abril.

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El gobierno de Guatemala ha lanzado una licitación internacional para contratar 1,500 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica, como parte de su estrategia para atender el incremento en la demanda energética del país.

Del total, al menos 700 MW serán adjudicados a proyectos que utilicen gas natural licuado (GNL), según informó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, durante una entrevista con Reuters en el marco de una conferencia del sector en Londres.

“Guatemala espera contratar al menos 700 MW de potencia firme, en una o dos instalaciones que estarán ubicadas en las costas del Atlántico o Pacífico, y que recibirán buques de GNL”, detalló el funcionario.

Ventura agregó que el gas natural será un pilar clave para el desarrollo económico de Centroamérica, destacando su eficiencia y su rol en la transición hacia una economía con menores emisiones de carbono.

La licitación, que cerrará en noviembre, está abierta a empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en el desarrollo de infraestructura energética sostenible.

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