El Parlamento de Irak aprobó este sábado enmiendas a la ley contra la prostitución, incluyendo la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero, lo que implica penas de hasta 15 años de cárcel.

Según un comunicado oficial, las enmiendas tienen como objetivo «preservar la decencia moral en la sociedad iraquí» frente a lo que consideran «llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo», y ante la ausencia de una legislación que castigue de manera disuasoria dichos actos.

El presidente interino de la Cámara baja, Mohsen al Mandalaui, afirmó que estas enmiendas son «necesarias para proteger la estructura de los valores de la sociedad y de los niños, que están expuestos a la depravación moral y a la homosexualidad».

La nueva legislación penaliza las relaciones homosexuales consensuadas con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Además, promover relaciones entre personas del mismo sexo acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión, junto con una multa de 10 millones de dinares iraquíes (aproximadamente 7,600 dólares).

También se contempla una condena de uno a tres años de prisión para cualquier persona que se someta a una operación de «reasignación de sexo», así como para el médico que la lleve a cabo. Además, se establecen castigos para hombres que exhiban un «comportamiento afeminado».

La aprobación de esta ley ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), que la consideran un paso atrás en los derechos de las personas LGBT en Irak. La codirectora interina de HRW, Rasha Younes, calificó esta normativa como un «terrible historial de violaciones de derechos contra las personas LGBT en Irak».

A pesar de que las relaciones homosexuales consentidas no estaban explícitamente tipificadas como delito en Irak, las autoridades han utilizado leyes ambiguas relacionadas con la «moralidad» para perseguir a individuos del colectivo LGBT.

Tres migrantes perdieron la vida y otro resultó herido tras ser atropellados por un tractocamión el sábado en la carretera Panamericana, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el sur de México. La identidad y nacionalidad de las víctimas aún no ha sido determinada.

El trágico incidente ocurrió en el tramo de La Ventosa a La Venta, donde los migrantes caminaban como parte de una caravana que había iniciado su trayecto en Tapachula, Chiapas, después de ingresar a México desde Guatemala.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en la carretera federal, y la policía municipal de La Ventosa y La Venta, del municipio de Juchitán, acordonaron el área e iniciaron la búsqueda de posibles heridos en los alrededores.

El migrante herido fue trasladado de urgencia al hospital de Juchitán, Oaxaca. Según los informes policiales, el accidente ocurrió cuando el tráiler intentó esquivar a un grupo de migrantes, impactando a los cuatro que caminaban por el acotamiento.

Este evento sucede en un contexto donde, en los últimos tres años, numerosos grupos de migrantes han recorrido la ruta desde Tapachula hacia Juchitán con la intención de llegar a la capital del estado de Oaxaca y, posteriormente, tomar autobuses hacia la Ciudad de México para continuar su viaje hacia la frontera norte. Sin embargo, este tramo de casi 400 kilómetros es particularmente peligroso por el intenso tráfico de tractocamiones.

Actualmente, un grupo de cerca de 800 migrantes avanza a pie por la carretera costera hacia Puerto Escondido, esperando llegar a la ciudad de Oaxaca. Este incidente se da meses después de que la Organización Internacional para las Migraciones declarara la ruta terrestre entre México y Estados Unidos como la más peligrosa del mundo, con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en 2022.

México ha experimentado un aumento del 77% en la migración irregular durante el año 2023, con más de 782,000 extranjeros indocumentados detectados.

Cinco personas fueron asesinadas en recientes actos de violencia en Colombia, incluyendo a un concejal y un cantante popular, en dos incidentes separados que tuvieron lugar entre la noche del viernes y el sábado en la región del suroeste del país, según reportes de las autoridades locales.

El sábado por la tarde, el concejal Jhon Fredy Gil, del partido indígena MAIS, fue asesinado a tiros en un restaurante de Jamundí, Valle del Cauca. La Alcaldía de Jamundí condenó el ataque en la red social X, calificándolo de «cobarde atentado contra la democracia y nuestras instituciones».

En un incidente separado en Corinto, Cauca, el músico Sebastián Muñoz y su DJ fueron fatalmente baleados durante un concierto privado. En el mismo ataque, otras dos personas perdieron la vida, informó Miller Hurtado, secretario de Seguridad de Cauca, a Caracol Televisión.

Las autoridades han iniciado investigaciones sobre estos asesinatos. Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son conocidos por ser áreas de conflicto en Colombia, donde aún operan disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016.