Costa Rica impulsa una estrategia de descentralización sanitaria con el objetivo de acercar los servicios de salud a las comunidades y mejorar la detección y el tratamiento temprano de enfermedades como el cáncer. La iniciativa busca reducir los desplazamientos hacia la Gran Área Metropolitana y elevar la calidad de vida de los pacientes mediante una red más amplia y accesible.

La descentralización “no solo son medicinas; implica recursos humanos, equipos, infraestructura y una estructura integral que debemos fortalecer y trasladar a las zonas rurales”, afirmó el director de Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ricardo Pérez, durante un foro en el evento Expomed.

Según datos aportados por Pérez, en 2025 se encuentran habilitadas seis unidades descentralizadas de medicamentos, que han atendido a 1,319 pacientes y administrado 12,000 tratamientos que antes solo podían realizarse en los grandes hospitales del país, ubicados en el área metropolitana.

Un ejemplo de este modelo es la unidad para tratamiento oncológico del hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, que desde hace tres años ha brindado 9,000 atenciones. Su jefa de Farmacia, Mailyn Ulate, destacó el impacto social y emocional del proyecto: “El desgaste físico y emocional que implica viajar largas distancias es enorme. El beneficio es intangible, pero totalmente real”.

Ulate agregó que, gracias a la atención local de pacientes con cáncer en Liberia, la CCSS ha ahorrado alrededor de 3 millones de dólares solo en costos de transporte al evitar traslados hacia San José.

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La institución desarrolla un plan de regionalización que busca desconcentrar tratamientos de menor complejidad desde los hospitales centrales hacia las Unidades Desconcentradas de Medicamentos Especializados (UDAME). Con ello, se pretende reducir brechas de acceso, modernizar los servicios, elevar la productividad y generar ahorros.

En Costa Rica, el 50 % de la población vive fuera del área metropolitana, lo que en muchos casos supone viajes de hasta ocho horas para recibir atención especializada. Para el gerente general de Roche para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, Álvaro Soto, brindar tratamiento cerca del hogar potencia el impacto de las terapias en etapas tempranas.

El país enfrenta desafíos demográficos, epidemiológicos y territoriales —una población envejecida y una alta carga de enfermedades crónicas como el cáncer— que convierten la descentralización en una apuesta clave para un sistema de salud más equitativo y eficiente.

Los homicidios en Guatemala aumentaron un 9.4 % durante los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe presentado este jueves por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El estudio señala que entre enero y octubre se registraron 2,630 asesinatos, 227 más que los 2,403 contabilizados en el mismo lapso de 2024. Solo en octubre se reportaron 233 homicidios, entre ellos 39 mujeres y 12 menores de edad, detalló el investigador Bismark Pineda.

Pineda advirtió que preocupa especialmente el incremento de la violencia contra la mujer, pues la cifra de víctimas femeninas casi se duplicó en un mes, al pasar de 19 casos en septiembre a 39 en octubre.

A pesar del aumento generalizado, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes mostró una ligera reducción en el último bimestre: de 17.7 en agosto descendió a 17.1 en octubre, precisó el CIEN.

El informe —elaborado en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), como parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana— indica además que el 20 % de los crímenes a nivel nacional ocurrieron en el departamento de Guatemala, que comprende la capital.

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La gobernabilidad alcanzada entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, resultado directo de la decisión ciudadana en las urnas, se ha convertido en un pilar fundamental para asegurar la continuidad de la política de seguridad que posiciona a El Salvador como el país más seguro del continente. Además, esta cohesión institucional ha sido clave para garantizar el financiamiento de los programas y proyectos turísticos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

«La gobernabilidad hace un Estado más eficiente, permite una apuesta al mejoramiento de la infraestructura y al aumento de la empleabilidad. No se puede perder esa visión de dar gobernabilidad para lograr un verdadero desarrollo y transformación de país», señaló Nelson Flores, analista y especialista en administración pública.

Con 54 de los 60 votos en la Asamblea Legislativa, el partido Nuevas Ideas mantiene la mayoría necesaria para aprobar iniciativas que requieren mayorías simples o calificadas, entre ellas la autorización y ratificación de financiamientos multilaterales destinados a proyectos de desarrollo.

Un ejemplo de ello son los dos dictámenes favorables provenientes de la Comisión de Hacienda que fueron ratificados ayer por el pleno legislativo. Estos corresponden a un financiamiento de $135 millones para el Programa Surf City Fase II, que permitirá fortalecer la infraestructura vial y mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en ríos y bocanas de la franja turística de La Libertad, en playas como El Mahahual, Conchalío y Cangrejera. La dinamización económica y turística de la zona forma parte de los objetivos de esta inversión.

Del total financiado, $70 millones provienen del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y $65 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La autorización para adquirir estos créditos fue aprobada el 7 de octubre con los votos de Nuevas Ideas y partidos aliados.

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La gobernabilidad también posibilitó la aprobación y ratificación, en marzo pasado, de $113.9 millones para la Fase I de Surf City, que incluye la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta El Zonte, así como la construcción de un intercambiador sobre el corredor Pacífico, en la intersección entre la carretera El Litoral y la vía hacia Acajutla.

La actual correlación entre Ejecutivo y Legislativo se consolidó el 1.º de mayo de 2021, cuando 56 diputados de Nuevas Ideas asumieron sus cargos tras las elecciones del 28 de febrero. Como parte de esa gobernabilidad, en febrero de 2023 la Asamblea también aprobó una reforma al presupuesto del Ministerio de Turismo para incorporar $15.8 millonesprovenientes de un préstamo del BID destinado al «Programa de apoyo a la recuperación y expansión del sector turismo de El Salvador».

El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez destacó que esta gobernabilidad —criticada por sectores de oposición— ha sido decisiva para impulsar proyectos no solo turísticos, sino también en áreas sociales como salud y educación. «En el pasado hubo una democracia y gobernabilidad pagada, donde los maletines negros propiciaban votos en la Asamblea Legislativa. La actual gobernabilidad está determinada por el mandato que da en las urnas el soberano, que es el pueblo salvadoreño», afirmó.