Centroamérica
Crisis en el Congreso de Honduras se convierte en batalla legal
AFP
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
-A la justicia-
Este viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación. El abogado que representa a Cálix, José Rodríguez, presentó un recurso de amparo para que se reconozca a su patrocinado.
«El recurso de amparo, una vez que lo admita la Corte, deberá, si lo decide (…) suspender en sus funciones al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la junta directiva de Cálix, mientras se resuelve el conflicto», dijo a la AFP.
Más temprano, José Lagos, dirigente de un partido minoritario, también acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso contra Cálix, «por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados en el Congreso Nacional».
Castro le ha ofrecido a Cálix integrarse a su equipo de gobierno, pero él no ha respondido.
«Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ [Corte Suprema] (…) Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos», sostuvo Cálix el viernes en Twitter.
La Corte deberá responder en la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía.
En tanto, 44 diputados de PN presentaron una denuncia criminal contra Redondo, alegando «usurpación de funciones públicas».
-Incertidumbre-
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado, en medio del desconcierto de sus trabajadores, que estaban impedidos de ingresar.
«Se nos ha negado el permiso de poder ingresar. Es extraño, nunca se nos han cerrado las puertas, siempre han estado abiertas, pero en esta semana no hemos podido ingresar a las instalaciones», dijo Rosibel León, de 41 años, trabajadora del área de Protocolo del Parlamento.
«Somos parte administrativa del Congreso, no importa el partido (…) Estamos pidiendo a las autoridades que por favor resuelvan sus problemas políticos. Solo queremos entrar en las oficinas como nos corresponde por ser empleados», agregó.
Mientras, en el primer día de su gestión, Castro ratificó la cúpula militar encabezada por el contraalmirante José Fortín, y se reunió con canciller de México, Marcelo Ebrard.
Centroamérica
MARN presenta Estrategia Nacional de Biodiversidad durante el Foro Ambiental Nacional
El Foro Ambiental Nacional, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolló su tercer día de actividades con la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Esta estrategia busca convertirse en una herramienta clave para orientar las decisiones del Estado en materia de protección, restauración y uso sostenible del capital natural del país.
«No puede haber acción climática ni seguridad ambiental sin ecosistemas sanos. La biodiversidad es la base de nuestra resiliencia: es fuente de agua, de alimentos y de estabilidad ecológica y económica. En ese marco, me honra anunciar la presentación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030», expresó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.
El funcionario destacó que este instrumento no será un documento más, sino una guía concreta para la acción. «La estrategia no es un documento más; es un mapa, una hoja de ruta que va a guiar al país hacia un futuro sostenible y resiliente. Es una apuesta nacional para proteger nuestra riqueza natural, restaurar lo degradado y aprovechar de manera responsable los recursos que garantizan nuestro bienestar», afirmó.
Durante el evento se remarcó que la conservación de la biodiversidad es una decisión estratégica de desarrollo, ya que los ecosistemas sanos reducen riesgos, capturan carbono, mantienen los servicios ecosistémicos y aseguran el bienestar de miles de salvadoreños.
Como parte de las acciones para ejecutar esta estrategia, el ministro Fernando López y María Ugarte, directora ejecutiva de la Red de Observadores Ciudadanos Asociación Civil (ROC), firmaron un convenio de cooperación para la realización del Proyecto de Diagnóstico Bioecológico Integral y del Estado de Salud del Ecosistema Recifal Salvadoreño.
Centroamérica
Rodrigo Chaves destaca modelo salvadoreño tras firmar la Alianza del Escudo de las Américas
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó junto a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la Declaración de Coatepeque y la creación de la Alianza del Escudo de las Américas, destacando a El Salvador como un referente regional en seguridad pública.
La firma tuvo lugar este jueves durante la visita oficial de Chaves a El Salvador, tras un primer encuentro con Bukele. El mandatario costarricense subrayó los avances logrados por el Gobierno salvadoreño en la erradicación de pandillas y la reducción de la violencia homicida, resaltando que estos resultados deberían servir de ejemplo para el resto de países de la región.
«Espero que la semilla de la Alianza del Escudo de las Américas germine, que se unan muchos más países y que algún día en nuestro hemisferio todos puedan tener una vida en paz. Es un honor haber firmado esta alianza con usted, presidente Bukele, en este lugar tan hermoso. Nos llena de esperanza para que un día logremos lo que usted hizo: eliminar las mafias y los asesinos de nuestra sociedad», expresó Chaves tras la firma.
El presidente costarricense reiteró que El Salvador demuestra la importancia de tomar decisiones firmes para combatir la criminalidad, un desafío que ahora también impacta a Costa Rica y a otros países latinoamericanos que antes no enfrentaban esta problemática en la misma dimensión.
«Usted le demostró al mundo la manera ejemplar y exitosa de cómo se deben enfrentar las maras. Lo criticaron desde muchas partes, incluido el gobierno de Costa Rica en su momento. Pero el pueblo salvadoreño le dio el mérito por librar esa batalla y así se convirtieron en un referente mundial en seguridad», añadió Chaves.
Centroamérica
ONG denuncia coacción de pandillas a votantes en las elecciones de Honduras
Pandilleros habrían “coaccionado” a votantes durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, según denunció este jueves una organización de derechos humanos, que también reportó siete asesinatos relacionados con motivos políticos durante la campaña.
La violencia ejercida por estructuras criminales sigue siendo uno de los principales desafíos del país, donde operan las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación presentada por la ONG Cristosal, miembros de estas bandas criminales habrían presionado y amenazado a ciudadanos el día de los comicios, cuando se elegía a presidente, congresistas y alcaldes. El informe señala que la presencia e intervención de grupos delictivos en zonas bajo su control pudo afectar la libertad del voto en diversas comunidades.
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