Centroamérica
Crisis en el Congreso de Honduras se convierte en batalla legal
AFP
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
-A la justicia-
Este viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación. El abogado que representa a Cálix, José Rodríguez, presentó un recurso de amparo para que se reconozca a su patrocinado.
«El recurso de amparo, una vez que lo admita la Corte, deberá, si lo decide (…) suspender en sus funciones al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la junta directiva de Cálix, mientras se resuelve el conflicto», dijo a la AFP.
Más temprano, José Lagos, dirigente de un partido minoritario, también acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso contra Cálix, «por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados en el Congreso Nacional».
Castro le ha ofrecido a Cálix integrarse a su equipo de gobierno, pero él no ha respondido.
«Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ [Corte Suprema] (…) Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos», sostuvo Cálix el viernes en Twitter.
La Corte deberá responder en la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía.
En tanto, 44 diputados de PN presentaron una denuncia criminal contra Redondo, alegando «usurpación de funciones públicas».
-Incertidumbre-
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado, en medio del desconcierto de sus trabajadores, que estaban impedidos de ingresar.
«Se nos ha negado el permiso de poder ingresar. Es extraño, nunca se nos han cerrado las puertas, siempre han estado abiertas, pero en esta semana no hemos podido ingresar a las instalaciones», dijo Rosibel León, de 41 años, trabajadora del área de Protocolo del Parlamento.
«Somos parte administrativa del Congreso, no importa el partido (…) Estamos pidiendo a las autoridades que por favor resuelvan sus problemas políticos. Solo queremos entrar en las oficinas como nos corresponde por ser empleados», agregó.
Mientras, en el primer día de su gestión, Castro ratificó la cúpula militar encabezada por el contraalmirante José Fortín, y se reunió con canciller de México, Marcelo Ebrard.
Centroamérica
Maduro exige liberación de venezolanos detenidos en El Salvador y ataca política de Bukele
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra la política de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y exigió la liberación de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
«Debería hacer un gesto que lo libere de tanta culpa y liberar a todos los venezolanos que tiene secuestrados en los campos de concentración», expresó Maduro, según recogió el medio digital Venezuela News.
A mediados de marzo, el presidente Bukele informó que Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron recluidos en el Cecot como parte de un acuerdo de cooperación carcelaria entre El Salvador y el gobierno del republicano Donald Trump. Esta alianza ha sido criticada tanto por el régimen venezolano como por sectores del FMLN.
Actualmente, se reporta que hay 252 venezolanos detenidos en el Cecot. El presidente Bukele ofreció, como gesto humanitario, canjear a estos reos por un número equivalente de presos políticos en Venezuela. No obstante, la propuesta fue rechazada por Maduro.
«Bukele, por mal asesorado y malintencionado, se metió en un berenjenal. Vamos a ver cómo sale de él», expresó el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, de acuerdo con Venezuela News.
Centroamérica
Bukele propone aumentar umbral para exonerar pago de impuesto de la renta
El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».
Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.
Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.
Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Centroamérica
El Salvador suma 98 días sin homicidios en 2025 y refuerza su tendencia a la baja
El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.
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