En una resolución judicial reciente, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha determinado que los $8,000 decomisados a Alberto González en San Rafael Oriente, San Miguel, pasarán a ser propiedad del Estado. La sentencia se basa en la falta de pruebas que demuestren que el dinero pertenecía a una iglesia y en la sospecha de que sea producto de enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía presentó ante el juez el caso del arresto de González el 29 de junio de 2018, cuando agentes de la Policía Nacional Civil lo detuvieron por presuntos vínculos con agrupaciones ilícitas. Durante el registro de su domicilio, los policías encontraron una parte del dinero en una habitación y otra parte dentro de un mueble de madera. Aunque González afirmó que el dinero era administrado por una iglesia, no presentó ninguna documentación que respaldara esta afirmación.

La Fiscalía sostuvo que los fondos eran indirectamente producto de actividades relacionadas con el lavado de dinero, aunque no pudo demostrar esta versión ante el juez. Como resultado, el tribunal emitió una sentencia estimatoria de extinción, argumentando un incremento patrimonial no justificado por parte de González, quien vivía con su esposa en la residencia allanada.

La resolución del juzgado se basó en pruebas testimoniales y en 74 informes de instituciones financieras que indicaban que González no tenía actividad económica conocida, ni registro previsional ni como contribuyente del IVA.

La Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado en El Salvador ha logrado recuperar más de $23 millones en el período comprendido entre junio de 2022 y mayo de 2023, provenientes de diversos rubros como impuestos, multas, cuotas laborales y otros conceptos, según datos proporcionados por el ministerio público.

Según el informe de la Fiscalía, las principales áreas de recuperación incluyen la evasión de impuestos (impuesto sobre la renta y IVA) con un total de $7,414,974.38, seguido del impuesto sobre la renta con $5,175,910.29, y multas por $2,093,613.25. Otros rubros significativos son el IVA con $1,603,141.51 y la apropiación o retención indebida con $367,749.87.

En marzo de 2023, como parte del Plan Antievasión, la Fiscalía presentó acusaciones contra individuos como Yessika Beatríz Zumba de Lemus, Ana Lorena Amaya Turcios y José Raúl Castaneda Villacorta por evasión de impuestos y actos de corrupción relacionados con sus actividades comerciales.

La Unidad Penal del Estado lideró la recuperación con un total de $14,532,804.73 en 2,685 casos, destacando la sede de San Salvador con $13,665,498.67 en 1,241 procesos. Por su parte, la Unidad de Impuestos demandó $5,786,754.48 en 399 expedientes y logró recuperar $6,991,134.90 mediante 24 casos judicializados.

Durante una entrevista digital, la abogada y política española, Macarena Olona, elogió las acciones emprendidas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, destacando su enfoque en la seguridad y la lucha contra la corrupción.

Olona resaltó cómo Bukele ha logrado transformar a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica, abordando de manera efectiva el problema de la seguridad, que ha sido un desafío persistente tras la guerra civil que azotó al país durante 12 años.

En cuanto al combate a la corrupción, la abogada expresó su asombro por la valentía de Bukele al enfrentarse a poderosos enemigos políticos y económicos, resaltando la propuesta de construir una cárcel similar al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) para encerrar a los corruptos.

Olona elogió la determinación del presidente Bukele al anunciar una «guerra frontal» contra la corrupción y al tomar medidas concretas como la captura de funcionarios corruptos, como el expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, y Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos.

La abogada también destacó el discurso del presidente Bukele sobre la reducción del gasto público ineficiente mediante la reducción de alcaldías y diputados en la Asamblea Legislativa, subrayando la necesidad de optimizar los recursos y eliminar la carga política que recae sobre los ciudadanos salvadoreños.