El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que existan influencias de terceros países en la relación bilateral con China, luego de que el Gobierno chino denunciara supuestas “interferencias externas” en medio de las recientes tensiones entre ambas naciones en el sector marítimo.

Mulino expresó además su expectativa de que los vínculos diplomáticos mejoren tras la reunión sostenida esta semana entre los cancilleres de Panamá y China.

La tensión bilateral se produce en un contexto marcado por la intensificación de inspecciones a buques con bandera panameña en puertos chinos, situación que surgió después de que un conglomerado de Hong Kong abandonara en febrero pasado la operación de dos terminales ubicadas cerca del Canal de Panamá.

La salida de la empresa ocurrió tras una decisión judicial relacionada con la concesión otorgada hace más de 25 años a CK Hutchison, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Panamá al considerar que contravenía los intereses nacionales.

Durante años, distintos sectores panameños cuestionaron la legalidad y conveniencia de dicha concesión, especialmente por la relevancia estratégica de las terminales cercanas al Canal interoceánico.

El caso tomó mayor relevancia luego de que Estados Unidos expresara preocupaciones sobre la presencia del conglomerado chino en las inmediaciones del Canal de Panamá, situación que derivó en las denuncias de “interferencias externas” por parte de China, aunque Pekín no mencionó directamente a Washington.

En respuesta, Mulino insistió en que las decisiones adoptadas por Panamá obedecen exclusivamente a intereses soberanos y a resoluciones de sus instituciones nacionales.

El mandatario reiteró además que su Gobierno mantiene disposición al diálogo y a la cooperación con China, en busca de preservar una relación bilateral estable y constructiva.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aclaró este jueves que su Gobierno solicitó a Estados Unidos fortalecer la cooperación existente en materia de seguridad, descartando que se contemple la realización de bombardeos conjuntos o ataques aéreos con tropas estadounidenses en territorio guatemalteco.

Las declaraciones del mandatario surgieron luego de una publicación del diario The New York Times, que aseguró que Guatemala habría aceptado operaciones aéreas conjuntas con Washington contra carteles del narcotráfico a partir del próximo mes.

Según el reporte, la supuesta coordinación habría sido abordada durante una llamada sostenida el pasado 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El gobernante guatemalteco explicó que la petición realizada a Washington está enfocada en fortalecer las capacidades operativas del país mediante acceso a equipo, capacitación especializada, inteligencia y apoyo técnico para la planificación estratégica y táctica de operaciones contra el crimen organizado.

“Va a implicar tener acceso a equipo, tener acceso a capacitación, tener acceso a expertos para el apoyo, por ejemplo, en la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico”, detalló Arévalo.

El presidente subrayó además que todas las acciones contra las redes del narcotráfico serán ejecutadas por fuerzas de seguridad guatemaltecas y bajo estricto apego a la legalidad.

“Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico”, afirmó.

Arévalo reiteró que el objetivo de la cooperación bilateral es fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional, sin comprometer la soberanía nacional ni permitir intervenciones militares extranjeras en el país centroamericano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del empresario estadounidense de origen cubano Alain Piedra Hernández, detenido en Nicaragua desde marzo de 2025, informó este jueves el organismo regional.

En su resolución, la CIDH señaló que decidió conceder las medidas al considerar que el empresario “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”, debido a que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentarían un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.

Según la información presentada por la parte solicitante, Piedra Hernández, de 53 años y ciudadano estadounidense naturalizado, fue detenido por autoridades policiales nicaragüenses el pasado 15 de marzo de 2025.

La CIDH indicó que ese día “un grupo armado vestido de civil emboscó al propuesto beneficiario junto a su familia en la entrada de su hogar, apuntándoles con armas de alto calibre”.

De acuerdo con el organismo, posteriormente el jefe de la Policía de Matagalpa, acompañado de agentes encapuchados, habría ingresado a la vivienda para saquearla y confiscar dinero, pertenencias, escrituras y los pasaportes estadounidenses de la familia.

La resolución sostiene además que el empresario permaneció desaparecido durante tres meses y que las autoridades habrían amenazado a sus familiares con arrestarlos si abandonaban la residencia.

Doce días después de la detención, funcionarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y agentes policiales habrían desalojado a la familia y confiscado sus bienes, argumentando que la propiedad “pasaba a ser del Gobierno de Nicaragua”.

Actualmente, según la CIDH, Piedra Hernández estaría recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, bajo condiciones de aislamiento y en una celda de castigo considerada inadecuada.

El organismo también señaló que el Estado de Nicaragua no proporcionó información sobre el caso ni respondió a los requerimientos de la comisión, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses tampoco han informado oficialmente sobre los cargos imputados al empresario cafetalero.