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Centroamérica

Iglesia Católica preocupada por bloqueos a religiosos extranjeros en Nicaragua

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua expuso hoy su preocupación ante los mecanismos políticos que el régimen de Daniel Ortega ha estado empleando contra la iglesia católica, específicamente, referente al bloqueo que se efectúa a religiosos de otros países para cumplir con sus servicios sacerdotales, limitándolos en su permanencia en el país.

Los señalamientos surgen tras la limitación o reducción que ha sido aplicada a cientos de residentes extranjeros en sus carnés de residencia, pese a estar vigentes. Así mismo, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos que tenían años de residir y cumplir su servicio sacerdotal en el país.

Las autoridades nicaragüenses no han brindado una explicación sobre las razones del bloqueo a los franciscanos, sin embargo, los religiosos sugieren que estos actos podrían estar relacionados a represalias por las denuncias de injusticia y violaciones de derechos humanos realizadas por la iglesia.

Por otra parte, los franciscanos externaron su solidaridad con los privados de libertad por razones políticas, con sus familias, medios de comunicación, con los periodistas y todas las personas que se ven afectadas o impedidas por emitir sus opiniones y brindar información objetiva y veraz.

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Centroamérica

Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Centroamérica

Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

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Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

  • Santos Elías Guardado Flores

  • William Arnoldo Hernández Navidad

  • José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.

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