Miles de residentes de Minneapolis salieron este viernes a las calles, pese a las gélidas temperaturas, para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abandone sus vecindarios. Las protestas se produjeron mientras el principal funcionario migratorio a cargo de los operativos reiteró que las detenciones no disminuirán.

Las manifestaciones se extendieron prácticamente por toda la ciudad. A lo largo de la jornada, habitantes de Minnesota marcharon por el centro de Minneapolis, realizaron una protesta en el aeropuerto, se concentraron en el estadio de los Minnesota Timberwolves de la NBA y participaron en un “apagón económico”, con el cierre de negocios como forma de boicot a la presencia de ICE.

A pesar del frío extremo provocado por una tormenta invernal, los manifestantes mantuvieron las movilizaciones para denunciar lo que consideran una campaña de persecución migratoria que ha afectado no solo a inmigrantes indocumentados, sino también —según activistas— a residentes legales, ciudadanos estadounidenses e incluso a un niño en edad preescolar.

Sin embargo, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que la ofensiva continuará. El funcionario redobló el mensaje de la administración al prometer que las operaciones no se detendrán y que seguirá la búsqueda de lo que describió como “extranjeros delincuentes”.

Las declaraciones de Bovino contrastan con las demandas de los manifestantes, quienes acusan a las autoridades federales de sembrar temor en comunidades enteras y de aplicar políticas migratorias de manera indiscriminada.

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El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció este viernes que el Gobierno de Donald Trump ampliará la denominada Política de la Ciudad de México para extender la prohibición de financiamiento federal no solo a organizaciones que realizan o promueven el aborto, sino también a aquellas que, según la administración, impulsan políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la denominada “ideología de género”.

El anuncio fue realizado durante la Marcha por la Vida en Washington, en un intento por apaciguar las críticas de activistas contrarios al aborto, quienes consideran que el Gobierno no ha avanzado lo suficiente en la restricción de este derecho.

“Vamos a empezar a bloquear a toda organización internacional que realice o promueva el aborto en el extranjero para que no reciba ni un dólar de dinero estadounidense”, afirmó Vance ante los asistentes. Agregó que la ampliación de la política busca también “proteger la vida y combatir las políticas de DEI y las ideologías de género radicales que afectan a nuestros niños”.

La administración Trump ha convertido la oposición a las políticas y programas de diversidad, equidad e inclusión en uno de los ejes de su agenda. La medida anunciada esta semana supone una expansión significativa de la Política de la Ciudad de México, conocida por sus detractores como la “regla mordaza global”. Esta política fue instaurada durante el gobierno de Ronald Reagan y ha sido revocada por administraciones demócratas y restablecida por gobiernos republicanos.

Según un funcionario del Gobierno, la política ampliada se aplicará no solo a organizaciones no gubernamentales extranjeras, sino también a organismos internacionales y ONG estadounidenses.

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El mismo funcionario detalló que la expansión va más allá de los aproximadamente 8.000 millones de dólares destinados a programas de salud global, para abarcar más de 30.000 millones de dólares en asistencia exterior.

Las declaraciones de Vance, junto con un mensaje en video pregrabado del presidente Trump —en el que destacó sus nombramientos judiciales—, se producen en medio de crecientes presiones de sectores conservadores para que el Ejecutivo adopte medidas más severas contra el acceso al aborto con medicamentos. Entre ellas figura un plazo próximo para justificar su oposición a una demanda que busca poner fin a la disponibilidad de píldoras abortivas por correo.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, afirmó este viernes que el país continúa luchando por “abrir un camino cierto hacia una transición”, al conmemorarse el 68 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y en un contexto marcado por el ejercicio del poder de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la coalición señaló que Venezuela atraviesa una “realidad compleja” y que la democracia “aún no ha sido restituida”.
“El país continúa luchando por abrir un camino cierto hacia una transición que permita recuperar la libertad, la justicia y el Estado de Derecho”, expresó el bloque opositor.

La PUD, integrada entre otros por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sostuvo que Venezuela necesita un proceso de “redemocratización”, así como instituciones “legítimas” e “independientes”. Para ello, indicó, se requiere “libertad, justicia, instituciones sólidas y reglas claras que permitan que la voz del pueblo se exprese con fuerza”.

La coalición subrayó que no bastan medidas aisladas o simbólicas para avanzar en ese proceso.
“No se trata de gestos simbólicos ni de anuncios parciales, sino de compromisos verificables que respondan al anhelo de la sociedad venezolana”, añadió.

El pronunciamiento se produce en momentos en que el Gobierno ha anunciado la excarcelación de presos políticos como un “gesto” para abrir espacios de diálogo, sin que hasta ahora se haya publicado un listado oficial de los beneficiados.

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En ese contexto, la PUD insistió en que “no puede hablarse de democracia mientras existan más de 939 presos políticos y persistan la persecución y el uso del sistema de justicia como herramienta de control”.