En un giro revelador durante el juicio penal de Donald Trump, el exabogado de la actriz porno Stormy Daniels, Keith Davidson, testificó esta semana, señalando al expresidente como la fuerza motriz detrás del acuerdo para silenciar a su cliente. Trump, quien se enfrenta a acusaciones de falsificación de documentos para silenciar a Daniels y proteger su carrera presidencial, se encuentra ahora bajo un escrutinio aún mayor con estas nuevas revelaciones.

Davidson, quien negoció un pago de 130,000 dólares para asegurar el silencio de Daniels sobre su supuesta aventura con Trump en 2006, apuntó que, aunque las negociaciones fueron realizadas en 2016 con Michael Cohen, antiguo abogado y hombre de confianza de Trump, entendía que el dinero provenía directamente del expresidente o de alguna de sus afiliaciones corporativas.

El abogado también representó a Karen McDougal, una modelo de Playboy que afirmó haber tenido una relación con Trump. Davidson destacó la frustración de las negociaciones con Cohen y su creencia de que el objetivo era desviar la atención del público.

La testimonio de Davidson se suma a la evidencia presentada por otros testigos, incluido el editor de The National Enquirer, Dylan Howard, quien confirmó su vínculo con Trump en 2016 para ocultar historias potencialmente perjudiciales para el entonces candidato presidencial republicano.

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Mientras tanto, Trump enfrenta consecuencias por su comportamiento en el juicio. El juez Juan M. Merchan lo multó con 9,000 dólares por desacato a una orden que le prohíbe hablar en contra de testigos, fiscales y miembros del jurado. A pesar de ello, Trump continúa defendiendo su inocencia y denunciando el juicio como una «caza de brujas».

A pesar de los contratiempos legales, Trump obtuvo permiso para asistir a la graduación de su hijo Barron, un respiro en medio de la tormenta judicial que enfrenta.

En medio del panorama político venezolano, las alianzas forjadas recientemente en un sector de la oposición plantean una interrogante crucial: ¿Puede el antichavismo al margen de la principal coalición representar una opción real para el cambio político en el país? A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio, esta cuestión adquiere relevancia, aunque expertos advierten sobre los desafíos que enfrenta esta disidencia.

El candidato principal de la oposición es ahora el exembajador Edmundo González Urrutia, ratificado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos de elección popular hasta 2036. Sin embargo, un sector al margen de esta coalición ha presentado siete candidatos, desafiando la hegemonía de la PUD como fuerza antichavista dominante.

Analistas políticos como Giulio Cellini plantean la posibilidad de que algunas de estas candidaturas sean promovidas por el gobierno, con el objetivo de fragmentar el voto opositor y desmovilizar a los votantes antichavistas. Sin embargo, Piero Trepiccione sugiere que la estrategia de generar consensos fuera de la PUD podría ampliar las opciones para los votantes deseosos de cambio en el país.

A pesar de estos desarrollos, la PUD sigue siendo el referente principal de la oposición venezolana. Cellini destaca que el reconocimiento tanto nacional como internacional se centra en esta plataforma, lo que refleja la complejidad de desplazarla como la oposición formal. Aunque figuras como Luis Eduardo Martínez, José Brito y Daniel Ceballos han buscado alternativas fuera de la PUD, enfrentan desafíos como acusaciones de corrupción y disputas internas que minan la confianza entre los diferentes bloques antichavistas.

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A medida que avanza el cronograma electoral, la incertidumbre persiste. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido los plazos para sustituciones en la boleta electoral, lo que podría influir en el panorama político en los próximos meses. Mientras tanto, la disidencia antichavista se enfrenta a la tarea de consolidar su posición y ganar la confianza del electorado en un contexto político marcado por la polarización y la desconfianza.

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue uno de los principales líderes del Gobierno de Rafael Correa, ha sido objeto de una disputa diplomática entre Ecuador y México debido a su situación legal. Glas, quien también ocupó el cargo de vicepresidente al comienzo del mandato de Lenín Moreno, se refugió en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023, solicitando asilo político al considerarse un perseguido político y víctima de lo que él llama ‘lawfare’, una táctica de utilización del sistema judicial contra opositores políticos, similar a la situación de Correa, actualmente refugiado en Bélgica.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha acusado a México de violar principios de derecho internacional y soberanía al otorgarle asilo a Glas. Según el Ejecutivo ecuatoriano, México ha infringido la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros tratados internacionales al brindar protección a Glas. Además, la Organización de los Estados Americanos ha condenado la incursión en la Embajada de México en Quito y ha instado al cumplimiento adecuado de las normas de asilo.

A pesar de que un tribunal ecuatoriano declaró la detención de Glas como ilegal y arbitraria debido al allanamiento de la Embajada de México, el exvicepresidente permanece en prisión debido a una condena pendiente de ocho años. Aunque el Gobierno mexicano ha exigido su entrega, Glas continúa recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde experimentó una descompensación poco después de su ingreso y fue hospitalizado durante varias horas.

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