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Centroamérica

Sandinistas en Nicaragua sigue ignorando riesgo de Covid-19

El fin de semana pasado miles de sandinistas se reunieron en diferentes ciudades de Nicaragua, en actividades organizadas por el gobierno, a pesar de la amenaza del Covid-19.

Foto cortesía

El fin de semana pasado miles de sandinistas se reunieron en diferentes ciudades de Nicaragua, en actividades organizadas por el gobierno, a pesar de la amenaza del Covid-19.

La iglesia católica a través del cardenal Leopoldo Brenes, ha llamado al gobierno a los ciudadanos a prevenir el contagio, principalmente evitando las aglomeraciones innecesarias.

La posición del gobierno hasta la fecha es que en ese país no hay “transmisión local comunitaria” y que los casos confirmados por el ejecutivo que en este momento son 16, son todos importados.

Los datos del gobierno contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, elaborado por una red de colaboradores independientes, que ha detectado al menos 781 casos, de los cuales 88 murieron con síntomas relacionados a la pandemia.

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Centroamérica

Asamblea Legislativa discute reforma constitucional sobre mecanismo de aprobación

La Asamblea Legislativa está en proceso de análisis de una reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República, iniciativa impulsada por diputados del partido Nuevas Ideas. Esta propuesta busca modificar el mecanismo mediante el cual se aprueban y ratifican las modificaciones a la Carta Magna, sin afectar los llamados «artículos pétreos» ni la cantidad de diputados requeridos para proponer cambios.

Según la propuesta, las reformas constitucionales podrán ser ratificadas por la misma legislatura que las aprueba con 40 votos, o por la siguiente con 45 votos, manteniendo las mayorías calificadas. Esto es relevante, especialmente considerando que la próxima legislatura, que comenzará el miércoles 1 de mayo, contará con 60 curules.

Sin embargo, diputados de los partidos Vamos y ARENA han expresado su oposición a esta reforma impulsada por Nuevas Ideas. La decisión final sobre esta propuesta deberá ser tomada por la próxima legislatura.

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Centroamérica

Agentes de la PNC realizan incursión en Ciudad Real como parte del Plan Control Territorial

En una acción coordinada, la Policía Nacional Civil (PNC) ha llevado a cabo un operativo en Ciudad Real, Santa Ana, con el propósito de garantizar la seguridad de los residentes. Este despliegue policial, que tuvo lugar en la madrugada del lunes 29 de abril, incluyó controles vehiculares para prevenir el transporte de sustancias ilícitas y la verificación de viviendas para evitar la usurpación por parte de grupos criminales.

La presencia policial en la zona se enmarca dentro del Plan Control Territorial, que consta de diversas fases, incluyendo la Incursión, que busca fortalecer la seguridad en áreas vulnerables. Además de los controles vehiculares, la PNC empleó al agente canino Tex, especializado en la detección de narcóticos, para inspeccionar vehículos en busca de drogas.

Este tipo de operativos son parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para combatir la criminalidad y proteger a la población. La PNC sigue trabajando en conjunto con otras instituciones en todas las etapas del Plan Control Territorial, con el objetivo de asegurar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos.

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Centroamérica

Tribunal ordena confiscación de $8,000 a presunto administrador de iglesia

En una resolución judicial reciente, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ha determinado que los $8,000 decomisados a Alberto González en San Rafael Oriente, San Miguel, pasarán a ser propiedad del Estado. La sentencia se basa en la falta de pruebas que demuestren que el dinero pertenecía a una iglesia y en la sospecha de que sea producto de enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía presentó ante el juez el caso del arresto de González el 29 de junio de 2018, cuando agentes de la Policía Nacional Civil lo detuvieron por presuntos vínculos con agrupaciones ilícitas. Durante el registro de su domicilio, los policías encontraron una parte del dinero en una habitación y otra parte dentro de un mueble de madera. Aunque González afirmó que el dinero era administrado por una iglesia, no presentó ninguna documentación que respaldara esta afirmación.

La Fiscalía sostuvo que los fondos eran indirectamente producto de actividades relacionadas con el lavado de dinero, aunque no pudo demostrar esta versión ante el juez. Como resultado, el tribunal emitió una sentencia estimatoria de extinción, argumentando un incremento patrimonial no justificado por parte de González, quien vivía con su esposa en la residencia allanada.

La resolución del juzgado se basó en pruebas testimoniales y en 74 informes de instituciones financieras que indicaban que González no tenía actividad económica conocida, ni registro previsional ni como contribuyente del IVA.

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