El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que más de 400 presos políticos han sido excarcelados, mientras que organizaciones no gubernamentales cuestionaron la magnitud del proceso y denunciaron retrasos y dilaciones en las liberaciones.

Durante una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de YouTube ANTV, Rodríguez afirmó que “a la fecha van más de 400 personas excarceladas”, contabilizando las primeras 160 liberaciones registradas el 23 de diciembre de 2024. Posteriormente, fuentes legislativas aclararon que el funcionario hacía referencia a excarcelaciones iniciadas en diciembre de 2025.

Horas más tarde, Rodríguez reiteró la cifra en un mensaje difundido a través de Telegram, en el que insistió en que se trata de “400 personas excarceladas” y calificó las primeras liberaciones como un “gesto unilateral” del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo y el propio Rodríguez, 160 personas fueron liberadas en diciembre de 2024, 99 durante la Navidad de 2025, 88 en Año Nuevo de ese mismo año y 116 excarcelaciones fueron anunciadas este lunes. En total, las cifras oficiales suman 463 liberaciones desde diciembre de 2024 y 303 desde diciembre de 2025.

El diputado aseguró que el proceso de excarcelaciones continuará como parte de una decisión unilateral del Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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En contraste, diversas ONG han puesto en duda que se trate de un número significativo de liberaciones y sostienen que el proceso ha estado marcado por demoras, falta de transparencia y obstáculos administrativos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes cambios en su gabinete con la incorporación de un antiguo escolta del depuesto mandatario Nicolás Maduro a un cargo clave en el Ejecutivo, en medio de una reconfiguración del poder político en el país tras la captura del líder chavista.

Rodríguez designó al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, la cartera encargada de coordinar la agenda presidencial y articular las relaciones con los distintos organismos del Estado.

Escalona, conocido por integrar el equipo de seguridad personal de Maduro y haber servido también como edecán del expresidente Hugo Chávez, formaba parte de su anillo de protección antes de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas. Ese ataque terminó con la muerte de decenas de miembros de su escolta.

La presencia de Escalona en el primer consejo de ministros presidido por Rodríguez el pasado 4 de enero había disipado rumores de que habría muerto durante la incursión militar.

Además de Escalona, Rodríguez nombró al vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo (Ambiente), uno de los pocos cambios dentro de un gabinete que mantiene figuras cercanas al anterior régimen chavista en sus puestos de responsabilidad.

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La mandataria encargada anunció ambos nombramientos a través de su cuenta en Telegram, donde destacó la “lealtad, capacidad y compromiso” de los nuevos funcionarios para impulsar los planes de su gobierno.

Estos movimientos se producen en un contexto de presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que ha manifestado su intención de colaborar con Rodríguez tras la caída del gobierno de Maduro. El presidente Donald Trump incluso ha expresado que está “satisfecho” con la sucesora de Maduro e insinuó la posibilidad de reunirse con ella.

Mientras tanto, Maduro y Flores enfrentan un juicio en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.

Entre 2013 y 2016, el gobierno venezolano bajo el liderazgo de Nicolás Maduro transportó 113 toneladas métricas de oro —valoradas en aproximadamente 5 200 millones de dólares— desde el Banco Central de Venezuela (BCV) hacia Suiza, según datos aduaneros suizos revisados por la agencia Reuters.

Los envíos formaron parte de una estrategia para sostener la debilitada economía venezolana en medio de sanciones internacionales y la caída de los ingresos por petróleo. El oro, procedente de las reservas oficiales, fue enviado a Suiza, uno de los principales centros mundiales de refinación del metal precioso, donde probablemente fue procesado, certificado y preparado para su posterior comercialización internacional.

Las exportaciones cesaron en 2017 tras la imposición de sanciones de la Unión Europea, que Suiza adoptó formalmente en 2018, aunque en esa ocasión no se implementó un embargo general sobre el oro venezolano. Desde entonces y hasta 2025 no se registraron nuevas exportaciones significativas.

Recientemente, tras la detención del expresidente Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 —hecho que lo llevó a enfrentar cargos en una corte de Nueva York— las autoridades suizas ordenaron el congelamiento de los activos financieros del exmandatario y 36 personas cercanas, sin proporcionar detalles sobre su valor o el origen de esos fondos. No está claro si estos activos incluyen o están vinculados a las exportaciones de oro realizadas años atrás.

La operación se realiza en el marco de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas, y tiene como objetivo evitar la salida de posibles activos de origen ilícito mientras se evalúa su situación legal. En caso de que se determine un origen ilegal, Suiza buscaría que estos recursos beneficien al pueblo venezolano.

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